Tres Golondrinas No Hacen Verano

La impunidad frente al Estado de Derecho

En la opinión pública de la población, se califican la muerte del abogado Rosenberg, la captura del expresidente Portillo y la evasión multimillonaria de agroexportadores, como hechos que demandan el cese de la impunidad.

Los dos primeros casos, están en proceso y con un nivel de aclaración estimable. La evasión fiscal, sin embargo, ubica un problema más complejo: se cumple con la tributación o se aplica el pacto fiscal.¿Qué entender por impunidad?

En sentido estricto, la impunidad es la ausencia de sanción y responsabilidad ante la comisión de delitos, faltas y violaciones a los Derechos Humanos. Aún y cuando la dimensión jurídica sea la que en principio se resalte, se trata de un fenómeno complejo por las interconexiones con otras prácticas sociales en las que se encontrarían sus principales fuentes pero también sus expresiones: la política, la economía, la cultura, los intereses de grupos. Todo ello puede resumirse en la debilidad o inexistencia de un Estado de Derecho, funcional y consolidado, capaz de garantizar la aplicación de un sistema de justicia y responsabilidad para todos los ciudadanos y ciudadanas.

La impunidad se convierte en sinónimo de impotencia e ineficiencia del Estado para cumplir una de las funciones básicas que se esperan de él. Es también expresión de abuso de poder, cuando cobija a quienes se benefician de su ejercicio, impidiendo que respondan por sus acciones u omisiones, en lugar de juzgarlos. La impunidad forma parte entonces, de la estructura de privilegios de los poderosos, quienes consolidan sus intereses y evaden el cumplimiento de sus obligaciones, manteniéndose al margen de la justicia que no se les aplica. Una de las formas de hacerlo consiste precisamente, en evitar que el incumplimiento de las obligaciones entre en la esfera penal y se diluya su exigibilidad.

En Guatemala y en otras sociedades con elevados índices de impunidad, el crimen y la violencia generan inseguridad y temor, pero la impunidad los incrementa y produce, además, frustración y cólera. Estimula en igual forma, la comisión de nuevos y mayor número de delitos, por la indefinición y olvido en los que los mismos suelen quedar relegados.

El contexto histórico de la impunidad en Guatemala: la ley se acata, pero no se cumple
Añejo y célebre es el referido decir de los primeros criollos ante las leyes que promulgaba la corona española para intentar ejercer su dominio en tierras americanas desde mediados del siglo XVI. Cuanta impunidad hay condensada en aquellas palabras, que quedaron ampliamente registradas en la documentación colonial y que develan las bases de una cultura política en la que el poderoso iba a sentarse siempre de un lado, en la balanza de la justicia.

Ser o no ser castigado por la ley cuando se merece, no es un asunto que se reduce a leyes. Se trata fundamentalmente de un problema de poder. Y en Guatemala, éste se ha ejercido autoritaria y arbitrariamente en la mayor parte de los casi doscientos años que han pasado desde que se firmó la independencia. Aquella rebeldía criolla ante la monarquía, fue innecesaria a partir de 1821 y el ejercicio político devino en mayor impunidad. Quizá por eso, en más de un lugar ha quedado escrito, que jamás la colonia trató al indio como lo hizo la República.

Centroamérica fue un escenario de guerra en el siglo XIX, como resultado de las luchas entre oligarquías que pretendían imponer su hegemonía en la región. La unidad política de lo que hoy conocemos como la República de Guatemala, fue resultado de un proceso en el que prevaleció la mano dura.

Demasiado lejana, vemos la abundante sangre que se derramó en nombre de la república, aunque fuese soñada por los que se llamaban a sí mismos, conservadores o liberales. Esta República nació, se creó y desarrolló en el crisol del autoritarismo, la arbitrariedad y la impunidad. La desigualdad ante la ley configuró, hasta hoy, la historia real en este país. La historiografía e incluso la literatura nacional han dejado registro de la crueldad y arbitrariedad con la que Rafael Carrera, Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico persiguieron y muchas veces eliminaron a sus enemigos.

Por duro que resulte, lo más grave de la impunidad no es que premie el delito o induzca a su repetición; sino que la ejerza quien tiene la obligación de proteger a la comunidad. En los años del conflicto armado interno, Guatemala no tuvo un Estado capaz de desplegarse eficazmente en el territorio brindando salud, educación y protección social; pero si lo tuvo para robar, asesinar, torturar, desaparecer y exterminar a los que consideraba como sus enemigos internos. Las cifras oficiales dicen que el conflicto dejó 150 mil muertos, cincuenta mil desaparecidos, un millón de exiliados y refugiados, doscientos mil huérfanos, cuarenta mil viudas. Nueve de cada de diez víctimas fueron civiles desarmados, la mayor parte indígenas. En ocho de cada diez casos, la responsabilidad era del Ejército o de sus bandas paramilitares.

La propia Comisión del Esclarecimiento Histórico nos advirtió -hace ya doce años- que la participación del sistema judicial en el enfrentamiento armado, bajo diversas y amplias formas de involucramiento y omisión, determinó que la sociedad guatemalteca tuviera razones sólidas para desconfiar de que las leyes sean un instrumento idóneo para regular la vida social. De ahí que -concluía el informe-, una de las tareas más complejas del proceso de paz radique en reconstruir su trama básica, volverlo útil para toda la población y lograr que tanto los grupos sociales como los individuos comiencen a canalizar sus demandas y conflictos a través del sistema normativo y de la administración de justicia.

La guerra dejó mucho más que víctimas. Nos heredó un Estado con estructuras paralelas que han sido difíciles de desarticular. Reafirmó la cultura del miedo y el carácter vertical y jerárquico de las relaciones sociales. Nos legó un sistema político que se expresa en términos de impunidad. Jennifer Schirmer señaló que los militares se habían asegurado su intervención en la creación de la Constitución de 1985. Y ésta fue concebida bajo el principio de que la ley es una sanción para quienes no tienen acceso al poder. El ámbito de la impunidad, no se circunscribe, en efecto, a lo jurídico. Cuando es el Estado quien disfruta de impunidad, la textura ciudadana es áspera y porosa, la participación ciudadana se convierte en un mito. En Guatemala, todavía no ha habido castigos ejemplares para quienes cometieron crímenes de guerra. Si, como dice Marco A. Garavito, el propósito de la impunidad es demostrar a la población que el orden establecido es algo inmutable, la lucha contra ella debe atacar ese propósito y hacer sentir a la gente, que la historia no se vive o sobrevive, sino se construye. Como dice el mismo autor, esa sensación psicológica de estar “de más”, respecto al desarrollo de los acontecimientos, es uno de los efectos más profundos que la impunidad internaliza entre la población

Los linchamientos, por ejemplo, son una de las prácticas más salvajes y despiadadas que se han incrementado en Guatemala en los últimos años. Pueden interpretarse como reacción a la impunidad que priva en el país, al tiempo que constituyen otra fuente de impunidad, pues la mayor parte de ellos quedan sin juzgarse. La impunidad se convierte en el lado oscuro del delito porque protege y estimula al delincuente y también, en una perversión del poder público, en la medida en que lo desnaturaliza y aleja de su función de promoción y protección del bien común.
Los laberintos de la impunidad

Se ha carecido en Guatemala, de las condiciones mínimas para que la ley se cumpla de manera efectiva. Ello ha generado la persistencia de excepciones en su aplicación, orientadas a favorecer a ciertos grupos de poder, aferrados a privilegios que buscan conservar, en detrimento del resto de la población. Esta realidad impide la consolidación de la democracia en el país, al favorecer el fortalecimiento de grupos de poder que siguen beneficiándose del tráfico de influencias y de la realización de negocios millonarios a expensas del Estado, gracias a la inaplicabilidad de las leyes.

La conclusión del conflicto armado interno no puso fin a la impunidad en el país. Por el contrario, ésta se incrementó y lo que han cambiado son sus expresiones; es decir, sus formas de manifestarse. Ya no se trata de la coerción impulsada por un Estado contrainsurgente y por grupos paramilitares dedicados a combatir a sus oponentes, con un notable trasfondo ideológico y en el marco la Guerra Fría. Hoy la impunidad también se manifiesta a través del accionar delincuencial de las organizaciones profesionales del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, encabezadas muchas veces por grupos de poder heredados del conflicto armado.

La ausencia de aplicación de justicia se manifiesta en la violencia social cotidiana. Los asesinatos, según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC), pasaron de 5,704 en 2007 a 6,234 en 2008 y a 6,451 en 2009, Ello equivaldría a 16, 17 y 18 diarios como promedio, lo que ubica a Guatemala entre los países más violentos del mundo, con tasas de homicidios que incluso, superan las de los años de la guerra. En el caso de la mujer, los asesinatos (4,300 entre 2001 y 2008, 831 sólo en este último año y al menos dos diarios en 2009, (Inforpress número 1827, p. 4), adquieren caracteres más dramáticos, ya que en muchos de tales casos, se las asesinan por su condición de mujeres, y tras haber sufrido toda una serie de vejámenes. Vale agregar los linchamientos y las operaciones de limpieza social, cuyo objetivo principal es la juventud. Estos hechos se producen, en un país en el que el 98 % de los crímenes, quedan impunes.

En este contexto se enmarcan las pugnas entre ciertos grupos de las elites empresariales que, a través de sus respectivos proyectos políticos para acceder al control del aparato estatal, se disputan las posiciones de influencia, los privilegios y las posibilidades de negocios millonarios a expensas del Estado. Por un lado, figuran los empresarios tradicionales afines a gobiernos más ligados al empresariado organizado, y por el otro, se encuentran ciertas élites de empresarios menos tradicionales o de surgimiento más reciente, de carácter emergentes y de estratos sociales intermedios, los cuales manejan un discurso “anti-oligárquico”, independientemente de su nivel de cumplimiento, y que han apoyado expresamente a los más recientes gobiernos.

Al margen del desenlace final de la muerte de los Musa, el “caso Rosenberg” puso al descubierto estas pugnas entre facciones: Banco Nacional de Desarrollo Rural (BANRURAL) y Asociación Nacional del Café (ANACAFE). Tales rivalidades se dan porque estas facciones del poder económico ven al aparato estatal como un botín, dada la impunidad estructural que hace particularmente propicio su accionar.

Prevalecen estructuras de poder paralelo vinculadas a redes del crimen organizado, dedicadas al narcotráfico y a otras actividades ilícitas como contrabando, evasión fiscal y lavado de sumas millonarias de fondos sustraídos de las arcas nacionales. Estas organizaciones delincuenciales también operan al amparo de la debilidad del Estado, generando un círculo vicioso que reproduce constantemente la impunidad y que sirve de base a su accionar. Encabezadas algunas veces por jerarcas militares retirados, incluyen asimismo a empresarios, banqueros, dirigentes políticos y abogados, que actúan a la sombra del anonimato o de la falta de pruebas.

Estas redes operan igualmente para controlar espacios de poder y decisión en el aparato estatal. Así lo confirman los esfuerzos de grupos de dudosa procedencia, por ubicar a gente afín a sus intereses en la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones, durante la reciente elección de magistrados a estas instancias. Tal el caso del abogado Roberto López Villatoro, comerciante de zapatos y conocido como “el Rey del Tenis”, cuyos intentos de influir en la elección (aunados con intereses del oficialismo), se vieron frustrados por la oportuna intervención de la sociedad civil y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pese a que aún se dieron algunas imperfecciones en la elección de ciertos magistrados. Este proceso plantea un desafío similar, de cara a la próxima elección del futuro Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.