Guatemala y una nueva comunidad latinoamericana

Equipo de Análisis Político

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En febrero de este año, con ocasión de la XXI Cumbre del Grupo de Río y de la II Cumbre de América Latina y El Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), 32 representantes de igual número de países, suscribieron en la Riviera Maya (Playa del Carmen, Cancún, México) la Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y El Caribe. En ella decidieron constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como “espacio regional propio”. La novedad de esta instancia, la unanimidad de la declaración, la exclusión de EE.UU. y Canadá (Honduras no fue invitada), así como la insistencia en “avanzar en la unidad e integración política, económica, social y cultural... y en la identidad latinoamericana y caribeña”, provocaron una amplia cobertura de prensa, no pocos comentarios de apoyo, pero también escepticismo o velada crítica.

El tiempo transcurrido desde esta reunión, permitió acumular preguntas y dudas sobre el objetivo del cónclave. En efecto, se plantean cuestiones como las siguientes: ¿De qué tipo de organización se trata? ¿Hasta dónde podrá reunir las expectativas e intereses tan diversos de los Estados latinoamericanos y de El Caribe? ¿Cuáles serán sus alcances reales, su viabilidad y sostenibilidad? ¿Significará el final de la OEA, se tratará de una instancia más o la Comunidad tendrá un mejor desempeño que aquella, sobre todo a la luz de lo ocurrido en los últimos años? ¿Qué significará, en la práctica, la ausencia de EE.UU. en la nueva Comunidad? ¿Qué ventajas o perspectivas ofrece una Comunidad como la indicada para países pequeños como los centroamericanos? ¿Cómo se logró el alto grado de coincidencia que permitió la unanimidad de la declaración de esta Cumbre? ¿Cómo será el futuro próximo?

La constitución de la OEA en 1948, es el antecedente más directo. Aquella organización se desarrolló al calor de la lucha ideológica entre dos modelos de desarrollo social, político y económico, característicos de la bipolaridad mundial, producto de la Guerra Fría. No obstante, la OEA también contribuyó a que el diálogo se desarrollara entre las diversas cancillerías latinoamericanas.

Durante la década de 1980 por ejemplo, el proceso de paz en Centroamérica, apoyado por el Grupo de Contadora, culminó con la creación del Grupo de Río, en diciembre de 1986. La actual Declaración de Cancún es expresión de la continuidad del trabajo iniciado por el Grupo de Río. El mismo puede considerarse como una manifestación de la llamada “flexibilidad del sistema bipolar” , gracias a la cual se pudo iniciar un diálogo político que permitió crear plataformas de interacción entre los países latinoamericanos. A este antecedente se añade un segundo, que también es de actualidad: la escasa operatividad de la OEA. En efecto, el conflicto de las Islas Malvinas y las dificultades para resolver el reciente golpe de Estado en Honduras, a varias décadas de distancia uno del otro, constituyen dos ejemplos de ello. El conflicto de las Islas Malvinas (1982), demostró como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) no fue capaz de funcionar para situaciones concretas y asegurar la defensa de sus miembros, frente a agresiones externas. Esta disfuncionalidad del sistema de defensa, llevó entonces a los Estados latinoamericanos, a desarrollar espacios de diálogo común. Así, la razón de ser del Grupo de Río fue durante años, la existencia de un diálogo común, fuera del control “ideologizado" de EE.UU., que en gran medida, concretizaba la OEA.

¿Existe América Latina y El Caribe como una comunidad de destino ?

Las respuestas a la interrogante anterior, han variado dependiendo de los momentos históricos y de las fuerzas políticas en presencia. En efecto, el sueño de Bolívar de una unión de repúblicas hispanoamericanas expresado en el Congreso de Panamá (1826), contrasta, por ejemplo, con los momentos difíciles en los que se produjeron, tanto la disolución de la Gran Colombia (1830) como la fragmentación de la Federación Centroamericana (1840). Tuvieron igualmente efectos desintegradores, las intervenciones europeas y las guerras entre los propios países latinoamericanos, derivadas fundamentalmente estas últimas, de conflictos de fronteras (1860-1883). También separaron a los países, las intervenciones militares estadounidenses en El Caribe y Centroamérica (1898-1933). El conjunto de estas situaciones diversas, ha correspondido a grandes rasgos, a confrontaciones entre el Proyecto de Bolívar por una parte y al Proyecto Monroe por la otra, como modelos de conformación del futuro del subcontinente que, con altibajos, estuvieron latentes en América Latina y El Caribe durante décadas.

Una lectura de la historia de América Latina… muestra que la región estuvo sometida continuamente a alguna forma de dominación externa: colonial, en la época anterior a las guerras de independencia; semicolonial, durante el siglo XIX y hasta finales de la Segunda Guerra Mundial; neocolonial, desde 1945 en adelante. Cada uno de estos sistemas de dominación exterior se apoyó parcialmente en factores opresivos internos de la propia América Latina…cada uno de estos sistemas de dominación provocó rebeliones nacionalistas y antihegemónicas en su contra… En nuestra época se plantea seriamente, por primera vez, la posibilidad de realizar la empresa liberadora, no con el apoyo de otra gran potencia, sino a través de la unidad y solidaridad de los pueblos oprimidos de éste y otros contenientes. La alianza, la integración y la cooperación Sur-Sur frente a la dominación del Norte y el desarrollo autosostenido para escapar a toda dependencia, son las consignas progresistas más reciente. La anterior cita de Demetrio Boersner, fue formulada durante la segunda mitad de la década de 1990. Se anticipó a un período en el que el panorama político de América Latina, empezó a registrar cambios en la integración de la mayoría de los gobiernos, respecto de lo sucedido décadas anteriores. En efecto, como consecuencia del desencanto con las políticas neoliberales y sus efectos (eliminación de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, privatizaciones, disminución del gasto social, desregulación del trabajo y disminución de la seguridad laboral, cierres y quiebras de empresas, entre otros), en muchos países latinoamericanos se registró un creciente “voto de castigo” en contra de tales opciones. Ello ocurrió a partir de 1998, cuando tuvo lugar la primera elección de Chávez en Venezuela. En este nuevo contexto y a pesar de las ventajas y beneficios que habían anunciado los teóricos del libre mercado para América Latina y ante los resultados contrarios, el electorado fue paulatinamente retirando su confianza a los partidos y candidatos de derecha y de centro derecha. Así, en poco más de una década (1998–2010), cambió la integración en la mayoría de gobiernos de América Latina: en la actualidad, únicamente México, Colombia, Perú y Chile son los países importantes (por su dimensión geográfica, económica y poblacional) gobernados por opciones de derecha y centro derecha, frente a una situación que era distinta diez años antes. En el marco de las variaciones en las preferencias del electorado latinoamericano, aparecen dos grupos de países en América Latina, con dos visiones sobre el futuro del continente. El primero es el representado por la Alternativa Bolivariana para América (ALBA), creado en 2004 a iniciativa de Venezuela y Cuba. Al mismo se sumaron Bolivia (2006), Nicaragua (2007), temporalmente Honduras (se incorporó en 2008 y se retiró en 2010), Ecuador (2009) y tres países del Caribe de habla inglesa (Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas). El ALBA agrupa a los gobiernos situados más a la izquierda del espectro político y más críticos de EE. UU. El grupo aparece influido por el liderazgo del Presidente Chávez de Venezuela, aunque últimamente, se note un descenso en su protagonismo. El segundo grupo de países está integrado por el resto de los Estados latinoamericanos y caribeños. Aparece menos articulado internamente que el anterior, más amplio en su número y por ello, más difuso en sus posicionamientos. El liderazgo corresponde a Brasil, por su indiscutible peso regional y el del Presidente Lula. Las características personales y políticas del Presidente Lula le permiten, además, ser un interlocutor válido con el ALBA, lo que acrecienta el liderazgo continental de este último.

Las agendas y los liderazgos regionales Debe señalarse la importancia que para las relaciones internacionales de América Latina, tuvo tradicionalmente la actuación de México (principalmente entre 1940 y 1990), como un factor de equilibrio y distensión, en el extremado alineamiento que EE. UU. le exigió a América Latina y al Caribe, sobre todo durante los peores años de la Guerra Fría. El protagonismo mexicano empezó a declinar en las postrimerías de la administración del PRI y fue más marcado durante la administración del Presidente Fox. Ello, cuando México pareció redefinir el carácter de sus relaciones con EE. UU., de una forma distinta y más subordinada. La actual constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el papel importante que en dicha iniciativa parece haber tenido México (según la información que los medios han destacado), marcaría una renovada presencia del protagonismo mexicano, que “retornaría sin haberse ido” a la escena política latinoamericana. La dimensión de México a nivel continental, fundamentaría igualmente tal protagonismo .

Por su vecindad natural, la nación mexicana está destinada a mantener un vínculo económico y político extremadamente fuerte con su eterno socio principal: EE.UU. Dicha cercanía y vinculación con la superpotencia, que aparentemente es una debilidad para México, bien aprovechada puede ser una fortaleza, como lo demuestran algunos beneficios comerciales que ha obtenido de su pertenencia al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). Ello, pese a las críticas de sectores sociales por los efectos perniciosos en contra de los trabajadores de las regiones agrícolas más pobres del país. En sus esfuerzos por equilibrar su exceso de dependencia hacia su vecino septentrional, México tradicionalmente ha ejercido un fuerte liderazgo en el ámbito hispanoamericano, aunado a sus relaciones cordiales con Brasil y El Caribe.

El boom brasileño de los últimos años, coincidió con la pérdida de influencia de México en el contexto latinoamericano. Es por ello que la cumbre de Playa del Carmen, le ha permitido rescatar su liderazgo regional, replanteando así una nueva política hacia el hemisferio que revierta la tendencia de los últimos años. Es posible incluso que la estrategia mexicana consista en plantear, de una manera muy pragmática y realista, una hegemonía regional compartida con la potencia sudamericana que, en todo caso, habrá de ser aceptada por esta última.

Encabezado como ya se indicó por su carismático mandatario, el ex líder sindical Luis Inázio Lula da Silva, Brasil está dejando atrás su tradicional política de bajo perfil en el escenario mundial, limitada al ámbito sudamericano. En efecto, a través de la consolidación de esta influencia, Brasil busca proyectarse como potencia mundial, más allá de la escena latinoamericana. Sus esfuerzos para obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y los recientes rumores de una eventual candidatura de Lula para la Secretaría General de dicho organismo, son señales claras de la nueva política de este país. Es así como Brasilia ha trazado una política independiente, que no sólo le ha llevado a mejorar sus relaciones con las otras naciones BRIC, sino que lo ha impulsado incluso a fortalecer sus vínculos con potencias intermedias, que puedan permitirle hacer un mayor contrapeso al “Norte” (como Irán). Al mismo tiempo, mantiene equilibrios en sus relaciones internacionales, basadas en el intercambio activo y la cordialidad con el resto de potencias industrializadas.

Respecto del ámbito estrictamente hemisférico, Brasil es sin lugar a dudas, el mayor contrapeso para EE.UU. Ello, gracias a un hecho histórico muy influenciado por la geografía: su grado menor de vinculación con la superpotencia, de la cual siempre ha sido menos dependiente, en comparación con México o Canadá. En este contexto, la nación del sur ha decidido trascender más allá del área meridional y asumir un rol de liderazgo integral en el subcontinente. Tal política no sólo puede observarse en las crecientes visitas del Presidente Lula y de otros dignatarios brasileños a Centroamérica y el Caribe, aunadas a su cada vez más activa participación en foros regionales de diverso tipo y al incremento de su comercio con el área. De igual forma, se observa su mayor beligerancia política. Así lo refleja su involucramiento en temas cruciales como la incorporación de Cuba al sistema interamericano y la crisis de Honduras, en la que el gobierno de Lula ejerció un fuerte liderazgo que neutralizó a Washington, en su hegemonía automática.

Ante la posible intención mexicana de promover una suerte de bipolaridad cordial en Latinoamérica y el Caribe, faltará ver si Brasil acepta esta dualidad o si, por el contrario, opta por imponerse como único “número uno” del subcontinente y por ende, obligar a México a conformarse con el rol de “segundo de a bordo”. En este contexto, resulta indiscutible la primacía brasileña en la parte meridional del hemisferio, dada su incuestionable predominio en la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y demás instancias sudamericanas. Faltará ver si la misma puede imponerse también en Centroamérica y el Caribe, en donde México ha sido históricamente, el país latinoamericano “grande” con mayor presencia, no dispuesto a perder esta hegemonía relativa.

Contrastando con las agendas anteriores, el posicionamiento del ALBA, es más radical, al atribuir la problemática de las naciones latinoamericanas y caribeñas a la dominación de los países del Norte, particularmente de EE. UU. La propuesta de tal alianza se ampara en los postulados de la cooperación Sur-Sur y en la conformación de bloques regionales y subregionales de países no industrializados. Estas directrices permitirían a la región, alcanzar el desarrollo en forma endógena, a través del establecimiento de alianzas entre los países del área, que los llevarían a liberarse de los intercambios desiguales que han mantenido con las potencias industriales. Con base en tales premisas, las repúblicas del ALBA considerarían a la Comunidad Latinoamericana y Caribeña, como un nuevo organismo hemisférico, que al dejar fuera al Canadá y a los EE.UU., es capaz de reemplazar a la OEA; considerada un instrumento de dominación estadounidense que debe desaparecer.

¿Cómo se avizora el futuro?

La realidad parece indicar que la percepción de los países del ALBA, resultaría menos viable en el corto o mediano plazo. En primer lugar, por la imposibilidad de abstraerse, sin más, de la influencia de EE. UU. En segundo término, porque conviene interrogarse sobre la capacidad de crear un ente nuevo, con las características que visualiza Venezuela. La realidad apunta más bien, al predominio de las opciones de Brasil y México, en cuyo caso deberá buscarse el mayor grado posible de conciliación con las repúblicas bolivarianas, si realmente se desea evitar que, por enésima vez, el disenso pueda conducir al fracaso de la integración latinoamericana y que lo tratado en Playa del Carmen se quede, una vez más, en buenas intenciones.

Hay que tener presente que la iniciativa de crear la Comunidad, fue bien recibida por el ALBA, en gran medida porque coincide con la propuesta “latinoamericana” de Chávez. En efecto, tal propuesta fue lo suficientemente general y amplia como para… “avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural, en el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico…el desarrollo independiente y sostenible, sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social” (según indica la Declaración). En estos términos, todos los países podrían encontrar cabida en la nueva organización. Por otra parte, el hecho que EE. UU. y Canadá no sean miembros de la Comunidad propuesta, no significa que los intereses de tales potencias (sobre todo los de EE.UU.) estén ausentes. En efecto, importantes aliados estadounidenses (como Colombia, México y ahora Chile) así lo garantizarían. Todo lleva a pensar que si hasta ahora, la declaración de la nueva Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños no ha provocado tanto rechazo dentro de los intereses conservadores estadounidenses y latinoamericanos, es porque quizás piensen que la organización nunca se desarrollará.

La viabilidad de un proyecto iberoamericano y caribeño en el largo plazo, como el de la Comunidad que se ha propuesto en Playa del Carmen, hace que merezca la pena buscar la conciliación gradual de las discrepancias entre unos actores y otros. Debe prevalecer la tolerancia y la inclusión de los más pequeños y débiles, a la manera del proceso europeo, si realmente se quiere llegar a feliz término. El papel de los principales actores, como Venezuela, Chile y en especial Brasil y México, será determinante en esta dinámica. El pensamiento progresista y democrático de América Latina y El Caribe, debe considerar que se trata de una iniciativa importante para la cooperación, el desarrollo y la emancipación de los pueblos del continente.