Por: Francisco Rodríguez
Quetzaltenango
Sobre la impunidad dentro del sistema o la ineficacia de las autoridades mucho se ha dicho, al punto que los temas pueden llegar a tener la misma relevancia que el cáncer que puede causar el uso del celular: es una amenaza, sí, pero es un mal causado por algo de lo que quiérase o no, dependemos. Los temas podrán desencadenar debates acalorados, tan gastados ya, en los que las soluciones mesiánicas no dejarán de tener un espacio reservado. Quien debate el tema se entiende a sí mismo como un afectado más, por lo que la media de las conclusiones coinciden en creer que poco se puede hacer al respecto. Por ejemplo: ¿Puede usted reconstruir su aparato telefónico para eliminar la radiación que utiliza para funcionar? ¿Puede usted depurar el sistema para eliminar la impunidad? Con toda seguridad puedo decirle que yo no; lo que sí puede hacer es el esfuerzo para alejarse un poco del celular o sencillamente presionar al gobierno... Pero claro, las soluciones son aún más gastadas puesto que incluso quien conoce poco del tema puede proponerlas, aunque en realidad, llama la atención que incluso teóricos coincidan con ellos. Cuando de problemas sociales se habla, no pueden ser tratados como moda, si se habla de corrupción como problemática de siempre no será producto de la costumbre a la queja, será reflejo de la constancia del hecho, es decir, repetición de la percepción.
En este sentido habrá que entender el problema como algo que no siempre radica en la estructura, sino en quienes la componen. No es casualidad que la impunidad tenga una relación proporcional en cuanto a los recursos del Estado: entre más limitado se vea este en lo económico, se cometerán más abusos en contra del mismo y viceversa. El funcionario entrará en una dinámica de exceso de demanda y escases de oferta en cuanto a los recursos estatales, lo cual le otorgará cierta cuota de poder que usará para elegir aplicar o no la ley a grupos específicos de acuerdo a conveniencias particulares.
Por tanto, la impunidad como tal dobla su problemática al momento de ser un fenómeno social de naturaleza puntual, es decir, que al encontrarse con una estructura que padece de debilidades en múltiples áreas, aprovecha uno de estos vacíos para actuar al margen de la ley sin necesidad de tener repercusiones en el sistema total. En este sentido, quien comete asesinato podrá no importarle el entender cómo funciona el sistema de justicia, estará más interesado, y a la vez más tranquilo, de saber que este sistema tiene una falla que le permitirá no tener que declarar ante un juzgado. Esto nos deja con un asunto que al momento de ser intentar ser tratado, la eficacia de una política pública enfocada a lo macro se verá limitada puesto que el problema se da mayormente en lo micro.
En el caso de un asesinato contra un estudiante universitario, y siguiendo en la línea de lo expuesto anteriormente, entenderemos que no habrá un único estudiante asesinado, se comprenderá que los casos de homicidios de cualquier tipo sobrepasan la capacidad de atención del Estado y que en la mayoría de ellos poco podrá hacer. Las causas de este desborde de violencia podrán ser distintas (un conflicto armado por ejemplo), por lo que no todo debe dejarse en manos del órgano central. Si se sabe que este es disfuncional, debe ser, además de señalado, apoyado.
En la ciudad capital podrá existir (para bien o para mal) una CICIG que apoye en casos de alto impacto, pero en casos locales, puntuales, será muy difícil que Castresana muestre interés, lo cual recuerda la existencia de un último actor responsable para la presión superior: el ciudadano. Así como el buen gerente debe saber limpiar el sanitario para pedir que esté limpio, el buen ciudadano no puede exigir a sus autoridades encargarse de hacer justicia si no se interesan por hacer que esta se cumpla. Si bien es cierto que el funcionario público existe para que la sociedad pueda desocuparse de asuntos de gobierno o seguridad, es precisamente esa etiqueta de “público” la que le da la calidad de subordinado para con la población, lo que convierte a la sociedad en el jefe de estos empleados.
¿Por qué cuando se asesina a un estudiante el movimiento universitario no se pronuncia? Si la víctima es uno de ellos ¿Por qué cuando se conocen casos en los que un funcionario público comete abusos de poder la población no exige su destitución? Si ellos mismos son quienes delegan ese poder. No en todos los casos podrá decirse que es falta de información puesto en su mayoría son difundidos, aunque quizá no con la imparcialidad que debería, pero los elementos que supondrían ser los detonadores están allí.
Mientras no sea el mismo ciudadano quien se dé a la tarea de cubrir estos espacios vacíos y curar así un poco el cáncer, usted estimado lector no debe preocuparse, la vida de la comunidad podrá seguir pasando, esperando tener triple saldo un día, y no tener necesidad de justicia al siguiente.
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